Confiscan equipo de granja de bots vinculado al consultor Fernando Cerimedo

Durante un operativo reciente, autoridades judiciales llevaron a cabo el cateo de un inmueble relacionado con el consultor argentino Fernando Cerimedo. En el lugar, las fuerzas de seguridad confiscaron diversos dispositivos electrónicos y servidores que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, conformaban una estructura técnica diseñada para operar como una granja de bots destinada a la manipulación de redes sociales.

El allanamiento se realizó tras meses de seguimiento a actividades inusuales en plataformas digitales que señalaban la posible existencia de centros de operaciones automatizadas. Los agentes especializados en delitos informáticos lograron asegurar hardware especializado, cables de alta capacidad y sistemas de gestión de cuentas múltiples que eran controlados de forma remota para influir en la conversación pública a través de perfiles falsos.

El consultor Fernando Cerimedo ha sido señalado en diversos contextos por su influencia en el ámbito de la comunicación digital y las estrategias electorales. La intervención busca determinar el alcance de las operaciones realizadas desde dicho inmueble y verificar si estos sistemas fueron utilizados para la propagación masiva de desinformación o para alterar la percepción ciudadana sobre temas de interés público en la región.

Hasta el momento, el equipo legal del consultor ha mantenido una postura de reserva respecto a los hallazgos. Por su parte, las autoridades encargadas de la investigación han señalado que el equipo confiscado será sometido a un análisis forense exhaustivo por parte de peritos informáticos para rastrear el origen de las operaciones y los alcances de las campañas ejecutadas desde estas instalaciones.

Este suceso pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la regulación de las actividades de consultoría política y el uso de tecnologías de inteligencia artificial para la generación de tráfico artificial. La investigación continúa abierta mientras se recaban más pruebas que permitan esclarecer si estas prácticas infringen las normativas vigentes sobre ciberdelincuencia y manipulación de procesos informativos.