Derek Maltz solicita a García Harfuch procesar al gobernador Rocha Moya

Derek Maltz, exjefe de operaciones especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), solicitó públicamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, gestionar la entrega del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante las autoridades de justicia en Estados Unidos. El funcionario estadounidense argumentó que existen elementos suficientes para que el mandatario estatal rinda cuentas por presuntos vínculos con actividades ilícitas que han sido objeto de investigaciones internacionales en los meses recientes.

Esta petición se suma a la creciente presión diplomática y mediática que rodea la situación de seguridad en el estado de Sinaloa. Maltz señaló que la cooperación entre la SSPC y las agencias extranjeras es fundamental para avanzar en el desmantelamiento de redes criminales que operan en la región, subrayando que la extradición o entrega del funcionario local representaría un paso significativo en la estrategia de seguridad bilateral establecida entre ambos países.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha mantenido una postura institucional enfocada en el fortalecimiento de la Guardia Nacional y la coordinación operativa con los estados para reducir los índices de violencia. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a la solicitud específica de Maltz, manteniendo el enfoque en las investigaciones que la Fiscalía General de la República desarrolla de manera autónoma en el territorio nacional.

El gobernador Rubén Rocha Moya ha negado reiteradamente cualquier implicación en actividades delictivas, calificando los señalamientos como parte de una estrategia de desprestigio político en su contra. Mientras tanto, las autoridades mexicanas continúan evaluando los requerimientos de información que provienen de agencias extranjeras, bajo los protocolos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el marco jurídico que rige la soberanía nacional en materia de justicia penal.