Gobierno federal investiga daños al patrimonio histórico de Canal Once
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas de investigación por los destrozos causados en las instalaciones de la televisora pública.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes que el Gobierno Federal ha iniciado las diligencias legales correspondientes para deslindar responsabilidades por los daños registrados recientemente en las instalaciones de Canal Once. Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que existen carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía General de la República para evaluar la magnitud de las afectaciones al patrimonio de la institución educativa y de difusión cultural.
El incidente, derivado de una toma de las instalaciones por parte de diversos grupos, resultó en daños materiales significativos en el recinto ubicado en la Ciudad de México. Las autoridades federales han señalado que, si bien el derecho a la libre manifestación está garantizado, el respeto a la infraestructura pública y a los bienes de la nación es una obligación que debe prevalecer en todo momento para asegurar la continuidad de los servicios educativos y de comunicación pública.
Personal especializado de la Secretaría de Educación Pública y peritos de la Fiscalía trabajan actualmente en la zona para realizar un inventario detallado de los equipos técnicos y las áreas físicas que fueron vandalizadas. La administración federal ha enfatizado que el objetivo es garantizar que las actividades de la televisora, vinculada al Instituto Politécnico Nacional, puedan normalizarse a la brevedad sin comprometer la seguridad de los trabajadores ni la integridad del equipo de transmisión.
En cuanto a las medidas a seguir, el equipo de la Presidencia indicó que se buscará la reparación total del daño bajo el marco legal vigente. Asimismo, se ha solicitado a las autoridades de seguridad reforzar la vigilancia en los perímetros de las instituciones públicas para prevenir futuros incidentes que afecten el funcionamiento de los medios de comunicación del Estado y el ejercicio de sus funciones institucionales.
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