La crisis de gobernabilidad en Sinaloa y la autoridad estatal

La analista Yessica De Lamadrid ha puesto sobre la mesa un debate crítico sobre la actual administración de Sinaloa, encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya. En un contexto marcado por la violencia persistente y la creciente preocupación ciudadana, surge la interrogante sobre si el titular del Ejecutivo estatal mantiene el control real sobre el territorio o si la gobernabilidad ha sido desplazada por actores ajenos a las instituciones formales.

El planteamiento central de esta reflexión subraya que mandar y gobernar son capacidades distintas. Mientras que mandar puede entenderse como el ejercicio de la fuerza o la imposición de una voluntad, gobernar requiere la gestión del orden público, la garantía de los servicios básicos y, fundamentalmente, la protección de la población frente a cualquier amenaza externa o interna. La falta de este segundo componente ha generado incertidumbre entre diversos sectores de la sociedad sinaloense.

Desde la perspectiva de diversos actores sociales, la presencia de las fuerzas federales, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ha sido insuficiente para restablecer una paz duradera en los municipios más afectados. Esta situación obliga a cuestionar la coordinación entre el gobierno estatal y las autoridades federales, las cuales tienen la responsabilidad constitucional de salvaguardar el tejido social en las entidades federativas.

La gobernabilidad, según expertos en la materia, no se limita a la ocupación de un cargo público, sino a la capacidad de implementar políticas públicas que aseguren el bienestar común sin interferencias. En el caso de Sinaloa, la duda radica en si el aparato gubernamental tiene la autonomía suficiente para cumplir con sus funciones primordiales frente a las dinámicas de poder que operan en la región actualmente.

Finalmente, el análisis de De Lamadrid invita a una revisión profunda sobre el papel de las instituciones locales. La reconstrucción de la confianza ciudadana dependerá de que las autoridades estatales demuestren, a través de acciones concretas y verificables, que son ellas quienes dictan la agenda pública y garantizan el estado de derecho en cada rincón de la entidad.