Liz Salgado cuestiona indicadores tras el Segundo Informe de Gobierno capitalino

La diputada Liz Salgado cuestionó este martes los resultados presentados en el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, al señalar que las cifras expuestas carecen de indicadores cualitativos que permitan evaluar el impacto real en la calidad de vida de los habitantes. La legisladora enfatizó que, más allá de los datos generales, es necesario conocer el estado actual de los servicios públicos esenciales para determinar la eficacia de las políticas implementadas por la administración local.

Salgado solicitó a las autoridades capitalinas desglosar los avances específicos en materia de salud, el funcionamiento de las UTOPÍAS y el estado operativo del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Según la postura de la legisladora, los informes actuales presentan una visión sesgada que impide a la ciudadanía identificar las carencias que persisten en las diversas alcaldías de la capital, dificultando una rendición de cuentas efectiva.

En cuanto a la infraestructura social, la diputada subrayó la necesidad de contar con una metodología transparente para medir el aprovechamiento real de las UTOPÍAS. La propuesta del equipo de Salgado se centra en la implementación de indicadores de desempeño que permitan verificar si estos espacios están cumpliendo con sus objetivos de integración comunitaria y bienestar social en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Respecto a la movilidad, la legisladora recordó que el Metro sigue siendo el eje central de la movilidad para millones de personas. Por ello, instó a la administración a presentar reportes detallados sobre el mantenimiento de la red y las condiciones de seguridad en las líneas, alejándose de las métricas de inversión para enfocarse en la experiencia del usuario y la reducción de tiempos de traslado.

Finalmente, Salgado hizo un llamado al gobierno capitalino para establecer mesas de trabajo donde se definan indicadores de impacto en los servicios de salud locales. La legisladora insistió en que el ejercicio de transparencia debe ser una constante y no limitarse a los periodos de rendición de cuentas anuales, permitiendo así una fiscalización ciudadana constante y basada en resultados concretos.