México mantiene rezago en educación superior frente al promedio de la OCDE

México enfrenta un desafío estructural en su sistema educativo, al registrar una tasa de apenas el 22% de adultos entre 25 y 64 años con estudios terciarios concluidos, según los indicadores más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta cifra coloca al país notablemente por debajo del promedio de los países miembros de la organización, que alcanza un 43% de población con niveles superiores de formación académica.

El análisis de la OCDE destaca que, aunque el interés por la educación universitaria ha crecido entre los jóvenes mexicanos, la brecha de acceso y conclusión de estudios sigue siendo un obstáculo para la movilidad social y la competitividad económica nacional. La proporción de adultos jóvenes que logran completar una carrera profesional o técnica es superior a la de generaciones previas, pero aún resulta insuficiente para cubrir las demandas actuales del mercado laboral globalizado.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha señalado que el fortalecimiento de la educación superior es una prioridad dentro de su agenda sectorial. Entre las propuestas que se discuten en el Congreso de la Unión se encuentra la expansión de la infraestructura en universidades públicas y la implementación de programas de becas más robustos que permitan a estudiantes de entornos vulnerables concluir sus trayectorias académicas sin deserción por motivos económicos.

Expertos en políticas públicas advierten que el rezago no solo depende de la oferta de lugares en las instituciones, sino de la calidad educativa y la pertinencia de las carreras frente a las necesidades del sector productivo. La vinculación entre el sector privado y las universidades es un área que requiere mayor impulso para asegurar que los egresados cuenten con las competencias técnicas requeridas por las industrias actuales en México.

El desafío para los próximos años será cerrar esta brecha mediante una mayor inversión presupuestal y una estrategia coordinada con los gobiernos estatales. El objetivo a largo plazo es elevar los niveles de escolaridad de la población adulta para mejorar los índices de productividad, un factor clave para que la economía mexicana logre un crecimiento sostenido y equitativo en la presente década.