PAN exige aplicar la ley sin distinciones tras detención de Ernesto Ruffo

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) exigió este sábado a las autoridades federales y locales que la aplicación de la ley se realice bajo estrictos criterios de imparcialidad. La postura del instituto político surge tras la reciente detención de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, hecho que ha generado una serie de pronunciamientos por parte de la cúpula panista en torno a la actuación de las instituciones judiciales.

En un comunicado oficial, los representantes del blanquiazul señalaron que el Estado de Derecho debe garantizar que los procesos legales no se utilicen como herramientas de presión política. El equipo de comunicación del partido enfatizó que, si bien respetan el cauce de las investigaciones, resulta indispensable que la Fiscalía General de la República y las autoridades estatales mantengan un estándar de equidad en todos los casos bajo su jurisdicción.

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento panista es la aparente disparidad en la actuación de la justicia hacia diferentes actores políticos en la entidad. El partido argumentó que no existen procedimientos o investigaciones activas en contra de la actual gobernadora de Baja California, a pesar de diversos señalamientos públicos realizados por ciudadanos y organizaciones civiles en meses recientes.

La dirigencia nacional del PAN propuso que la Fiscalía General de la República actúe de manera independiente, evitando cualquier sospecha de sesgo partidista en las detenciones realizadas. Asimismo, hicieron un llamado a la transparencia para que la ciudadanía conozca los fundamentos legales precisos de la aprehensión de Ruffo, exigiendo que se respeten en todo momento las garantías individuales del detenido.

Finalmente, el partido adelantó que sus equipos jurídicos brindarán acompañamiento legal para asegurar que el proceso se apegue estrictamente a lo establecido en la Constitución. La formación política reiteró que continuarán vigilantes ante cualquier acción gubernamental que pueda interpretarse como un uso discrecional de las instituciones de procuración de justicia en el país.