Proponen aumentar impuestos a bebidas alcohólicas para cubrir gastos de salud

Diversos colectivos de salud pública y especialistas han solicitado formalmente a la Cámara de Diputados un incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que grava las bebidas alcohólicas. La propuesta, presentada este 15 de septiembre, argumenta que los ingresos actuales por este concepto son insuficientes para compensar los costos que el consumo excesivo de estas sustancias genera anualmente en el sistema público de salud mexicano.

De acuerdo con los planteamientos expuestos, la atención médica de padecimientos asociados al consumo de alcohol representa una carga financiera considerable para instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Los promotores de la iniciativa sostienen que una política fiscal más estricta no solo permitiría obtener recursos adicionales para fortalecer los servicios hospitalarios, sino que también actuaría como una medida disuasoria para reducir el consumo entre la población.

El sector salud ha reportado en diversos foros que los costos de atención por enfermedades crónicas, accidentes viales y complicaciones hepáticas relacionadas con el alcoholismo ejercen una presión constante sobre el presupuesto federal. Los especialistas enfatizan que el aumento propuesto busca alinear la política tributaria mexicana con las recomendaciones internacionales sobre el control de sustancias nocivas para el bienestar ciudadano.

Por su parte, los legisladores deberán analizar la viabilidad de esta propuesta en el marco de la discusión del Paquete Económico para el próximo ejercicio fiscal. La SHCP será el organismo encargado de evaluar si un ajuste en estas tasas impositivas se integra dentro de la estrategia de recaudación nacional, considerando los efectos en la industria y la economía de los consumidores.

La discusión apenas comienza en el Congreso de la Unión, donde se espera que comparezcan expertos en salud y representantes del sector económico. Mientras tanto, las organizaciones civiles mantienen su postura de que la salud pública debe prevalecer sobre los intereses comerciales, instando a una reforma que priorice la prevención y el financiamiento sostenible de las instituciones sanitarias.