Sheinbaum propone eliminar doble nacionalidad para ocupar presidencia y gubernaturas
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para exigir nacionalidad mexicana exclusiva a quienes aspiren a la titularidad del Ejecutivo federal y estatal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este miércoles al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer como requisito indispensable la nacionalidad mexicana por nacimiento y sin doble nacionalidad para ocupar la Presidencia de la República y las gubernaturas de los estados. La propuesta tiene como objetivo principal evitar conflictos de interés y garantizar la soberanía nacional ante posibles injerencias extranjeras en la toma de decisiones públicas.
De acuerdo con la exposición de motivos enviada a la Cámara de Diputados, la reforma pretende asegurar que quienes encabecen las administraciones públicas estatales y federal mantengan un vínculo único y directo con los intereses de la nación. La mandataria ha señalado que, ante un entorno global complejo, es indispensable que los perfiles que aspiren a cargos de alta responsabilidad pública demuestren una lealtad absoluta hacia el país.
La iniciativa también contempla que este requisito sea aplicable para los titulares de las Secretarías de Estado y otros cargos estratégicos en la administración pública. Con esta medida, el Ejecutivo federal busca fortalecer los candados legales que protegen la soberanía, argumentando que la representación política debe estar exenta de cualquier otra lealtad jurídica que pueda comprometer la política interior del país.
Se espera que la propuesta sea discutida en las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión durante el próximo periodo ordinario de sesiones. La bancada oficialista y las fuerzas políticas representadas en el Legislativo deberán analizar el alcance de estas modificaciones constitucionales, las cuales impactarían directamente en los perfiles elegibles para los próximos procesos electorales locales y federales.
La administración federal reiteró que esta iniciativa responde a una visión de seguridad nacional, subrayando que la alta responsabilidad de gobernar exige condiciones de transparencia absoluta. El debate se centrará en la armonización de estos nuevos requisitos con los tratados internacionales y las leyes vigentes que regulan la ciudadanía en territorio nacional.
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