Sheinbaum propone erradicar el nepotismo en cargos públicos para 2030

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este miércoles su compromiso de implementar reformas estructurales para prohibir de manera definitiva el nepotismo en el servicio público mexicano hacia el año 2030. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que esta práctica representa un lastre para la eficiencia gubernamental y un daño directo a la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

El planteamiento de la titular del Ejecutivo busca fortalecer los mecanismos de fiscalización y los procesos de selección de personal dentro de las secretarías de Estado y los organismos autónomos. Según la visión expuesta por el equipo de Presidencia, el objetivo central es garantizar que el acceso a los cargos públicos se base exclusivamente en el mérito, la capacidad profesional y la honestidad, eliminando cualquier espacio para el tráfico de influencias o la contratación de familiares en la estructura gubernamental.

La administración federal sostiene que, aunque se ha avanzado significativamente en el combate a la corrupción durante los últimos años, el nepotismo sigue siendo un desafío que requiere medidas legislativas más severas. La propuesta contempla una revisión integral de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para elevar las sanciones contra aquellos funcionarios que utilicen su posición para favorecer a parientes o conocidos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que la iniciativa será enviada próximamente a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para su discusión y posible aprobación. La intención es homologar criterios a nivel nacional, asegurando que tanto en el Poder Ejecutivo como en las dependencias descentralizadas se apliquen protocolos estrictos de transparencia que impidan la asignación de plazas por vínculos de parentesco.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum señaló que esta política forma parte de una agenda más amplia de austeridad y ética pública que su gobierno busca consolidar antes de concluir su gestión. La propuesta será analizada en mesas de trabajo con legisladores, con el fin de construir un marco jurídico que sea aplicable y auditable por las instancias de control interno en todas las dependencias del gobierno federal.